La audiencia contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunto tráfico de influencias durante su paso por el Concejo de Bogotá, tomó un rumbo inesperado tras la intervención de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal del caso, Jorge Velásquez, solicitó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que declare la preclusión parcial del proceso y la nulidad del escrito de acusación, por considerar que uno de los hechos imputados ya está prescrito.
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El caso, que se desprende del escándalo del carrusel de la contratación en la administración de Samuel Moreno (2008-2011), avanzaba hacia su etapa de juicio cuando el fiscal planteó un giro procesal. Según explicó, los hechos atribuidos a Sanguino no constituyen un delito continuado, como fue imputado inicialmente en octubre del año pasado, sino que corresponden a dos momentos distintos que deben ser evaluados por separado.
De acuerdo con la argumentación del ente acusador, el primer evento —la supuesta intervención de Sanguino para que Liliana Paternina fuera nombrada gerente del Hospital de Usme— se habría producido a comienzos de 2008, cuando el entonces concejal se habría reunido con el exalcalde Samuel Moreno y con el secretario de Salud de la época, Héctor Zambrano.
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Al haber transcurrido más de 16 años desde ese hecho, la Fiscalía concluyó que la conducta atribuida está prescrita, debido a que el delito de tráfico de influencias tiene una pena máxima de 12 años, ampliada a 16 si lo comete un servidor público.
En consecuencia, la Fiscalía solicitó que se archive ese fragmento del proceso y que la acusación se limite al segundo hecho: la presunta presión ejercida por Sanguino en 2009 sobre la gerente del hospital para direccionar un contrato millonario a favor del contratista Héctor Julio Gómez, condenado por corrupción en el mismo entramado. Este segundo hecho, según advirtió el fiscal, también está próximo a prescribir.
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La petición fue respaldada por la Procuraduría, representada por Marta Canabal, y coincide con la estrategia de la defensa del ministro, encabezada por el abogado Jaime Lombana. La Sala de la Corte deberá ahora pronunciarse sobre la preclusión parcial, así como sobre una solicitud de nulidad presentada por la defensa, que alegó falta de claridad en el escrito de acusación, especialmente en cuanto a fechas y lugares de los hechos.
Durante la diligencia, el magistrado Jorge Emilio Caldas llamó la atención a la Fiscalía por intentar aplazar el inicio del juicio y pidió que se respondiera a las inquietudes de la defensa antes de evaluar el cambio de rumbo propuesto.
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Adicionalmente, cabe mencionar que esta audiencia también estuvo marcada por la presencia tardía del ministro Sanguino, quien, tras el llamado de atención de la Corte a su defensa, finalmente terminó presentándose a la diligencia, argumentando compromisos institucionales.
Además, la Sala reconoció a la Secretaría de Salud de Bogotá como víctima en el proceso, a pesar de la oposición de la defensa, que cuestionó su legitimidad en el expediente.
Por ahora, la Sala de Primera Instancia deberá decidir si acoge la solicitud del fiscal Velásquez, lo que implicaría anular parcialmente lo actuado y devolver el proceso a una etapa preliminar.
