Desde este jueves 3 de julio entró en vigencia un bloqueo temporal en la comercialización de combustibles en 423 municipios de diez departamentos del país, debido al incumplimiento de un requisito obligatorio exigido por el Gobierno Nacional para prevenir el uso ilícito de hidrocarburos.
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La decisión, que afecta a Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, responde a lo establecido en la Circular Conjunta 40008 de abril de 2025, firmada por los ministerios de Minas, Justicia y Defensa.
Según lo dispuesto, todos los actores de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo —incluidos refinadores, importadores, transportadores, distribuidores mayoristas y minoristas, así como grandes consumidores— deben presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE), expedido por el Ministerio de Justicia. Este documento debe ser reportado al Sistema de Información de Combustibles (SICOM) como requisito para continuar sus operaciones.
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Sin embargo, de los más de 2.900 agentes registrados en las zonas priorizadas, solo alrededor de 1.400 han cumplido con la obligación. Otros 645 están en proceso de obtener el certificado, mientras que cerca de 855 no han iniciado el trámite, incumpliendo así el mandato legal.
Frente a esta situación, el Gobierno ordenó un bloqueo inicial en la venta de combustibles por ocho días calendario, entre el 3 y el 10 de julio. Durante este lapso, quienes aún no hayan cumplido podrán ponerse al día. Si al finalizar el plazo persiste el incumplimiento, se aplicará una segunda suspensión por 15 días adicionales. De mantenerse la irregularidad, se procederá a la cancelación definitiva del registro de los infractores, lo que les impedirá de manera permanente comprar o vender combustibles.
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Las autoridades explicaron que esta medida hace parte de un plan integral de control y vigilancia diseñado por el Ministerio de Defensa, con el objetivo de restringir el desvío de combustibles hacia actividades como el narcotráfico y la minería ilegal, problemáticas que afectan de forma grave a los departamentos mencionados.
El Gobierno reiteró el llamado a los agentes del sector a cumplir con los requisitos exigidos y recordó que la medida busca fortalecer la legalidad en territorios donde históricamente se han presentado altos índices de criminalidad asociados al uso irregular de hidrocarburos.
