La petición fue hecha al Tribunal Administrativo del Atlántico, en el marco del estudio de la acción popular que fue presentada por el senador Carlos Meisel.
El ente de control emitió un concepto en el que concluyó que sí hubo irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral.
El ente pidió a las autoridades fortalecer las acciones de protección a la comunidad y “continuar enfrentando esta amenaza”.
Desde la Procuraduría advirtieron sobre irregularidades en el proceso de selección.
El Ministerio Público demandó acelerar acciones que permitan lograr el reto de 100 mil plazas propuestas para final del cuatrienio.